sábado, 28 de marzo de 2015

¿Por qué el Gobierno y los organismos reguladores no resuelven el escándalo de las acciones de Bankia?

Todavía se percibe en el aire una pregunta que tal vez muchos de ustedes se habrán hecho en alguna ocasión: ¿Por qué el Gobierno y los organismos reguladores no resuelven el escándalo de las acciones de Bankia? En la actualidad, después de toda la información publicada sobre el denominado «caso Bankia» y sobre la salida a bolsa de la entidad, lo razonable sería que se gestionara y se ofreciera una solución a todos los afectados por la compra de acciones. Lo sensato sería que se acordara la devolución del dinero invertido a todos los afectados, sin que los perjudicados tuvieran que acudir a la vía judicial para conseguirlo. De hecho,  no es una medida inusual.

En el Reino Unido, como anticipado, ha habido escándalos masivos que han afectado a decenas de miles de clientes y la FSA, la autoridad financiera del país -el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España- ha gestionado los escándalos con las entidades involucradas para ofrecer una solución. Les ha investigado y les ha obligado a proponer un «arreglo». Impulsó que se llegara a acuerdos con los clientes y se les indemnizara.
Esta medida, es la que se debería promover en nuestro País. Sin embargo no parece un plato de gusto para el Gobierno español, ni para los organismos reguladores bancarios. Es más, aseguraron que no había ningún compromiso en este sentido y se declararon en guerra. Es evidente que esta vía no conviene a quienes mueven el sistema financiero en España. Ya veremos si las presiones sociales podrán forzar un cambio de criterio. De momento, y por desgracia, no se entrevé solución en el horizonte.
Volvamos a la pregunta del principio: ¿por qué el Gobierno y los organismos reguladores no resuelven el problema de las acciones de Bankia?
Quizás todo esté premeditado y diseñado desde hace tiempo. De hecho, como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno creó por Decreto Ley, en el año 2009, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y en el caso Bankia, el FROB se ha personado como perjudicado por la quiebra de la entidad, rescatada, recordamos, gracias a la inversión de 23.500 millones de dinero público. Sin embargo en el curso de los dos años y medio que lleva abierta la instrucción, su representación legal no ha pedido una sola diligencia de pruebas para ayudar a esclarecer lo que ocurrió.
Es más. El aparato financiero del Estado y el propio Gobierno se han movilizado para intentar tumbar las pruebas aportadas: el informe de los peritos que sirvió al Magistrado de la Audiencia Nacional, Don Fernando Andreu, para imponer la «famosa» fianza de 800 millones de euros impuesta a Bankia, su matriz BFA, Rodrigo Rato y el resto del puente de mando, que condujo a la entidad al naufragio.
El FROB y el Gobierno han apuntado «por activas y por pasivas» que los dos peritos -que recordamos designó el propio Banco de España- que redactaron los informes utilizaron una «metodología discutible» y que sus conclusiones plantean «debilidades», cuando no «errores». Parece que no pretenden reconocer el daño causado a los afectados por la salida a bolsa. Sería como tirarse piedras a su propio tejado. 
Posiblemente, si se aportara una solución, como a todos nos gustaría, Bankia se vería obligado a desembolsar los cerca de 3.092 millones de euros que se captaron a costa de inversores mayoristas y minoristas. Lo que probablemente devolvería otra vez a la entidad a un estado crítico y acabaría con las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión. Por otro lado, quedaría patente y visible que el Banco de España hizo la vista gorda durante todo el proceso de salida a bolsa y, por último, el ex vicepresidente económico del Gobierno de Aznar y ex presidente de Bankia, Don Rodrigo Rato, posiblemente se librarían de cualquier responsabilidad penal. No olvidemos que según el FROB las cuentas presentadas por Rato recogían «la imagen fiel» de la entidad. Así que para el Gobierno español ni Rato ni los organismos supervisores pudieron hacer nada. Y la quiebra, como el resto de la crisis, fue un suceso «inevitable».

Puede que estas sean quizás, las explicaciones del por qué el Gobierno y los organismos reguladores no resuelven el problema de las acciones de Bankia y obliguen a los afectados a acudir a la vía judicial. Que hoy por hoy, es la única alternativa que existe para recuperar el dinero. Los interesados en la demanda podéis contactar con nuestros abogados en: accionesbankia.com@gmail.com



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